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Efectos de la Ley Antilavado

Ley Anti-Lavado, consecuencias

Para unos es un dolor de cabeza, pero en realidad, “la aplicación” de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita representa un avance en la legislación mexicana en la compra-venta de un inmueble, ¡entérate!

La finalidad de esta Ley -que entró en vigor a mediados de julio de 2013- es proteger el sistema financiero y la economía nacional para identificar e impedir el lavado de dinero, por tal motivo, debe contar con la colaboración de todos.

Tanto los notarios, como desarrolladores y corredores inmobiliarios, estamos obligados a generar un expediente de identificación físico, denominado UIF.

Este documento incluye una declaración bajo protesta de decir verdad de cada uno de los comparecientes a operaciones inmobiliarias sobre la existencia o inexistencia de un dueño beneficiario o beneficiario controlador.

Por su parte, para el comprador, la generación de este expediente lo obliga a presentar cierta documentación como la CURP, un comprobante de domicilio y la carta por la que se informa de la existencia o no de un dueño beneficiario o beneficiario controlador.

La Unidad de Inteligencia Financiera deberá ser informada cuando el monto de la operación exceda del millón 76 mil pesos en el caso de los notarios, y de 540 mil pesos en el de los desarrolladores y corredores inmobiliarios.

En la compra-venta de un inmueble, La Ley impone una restricción para usar efectivo sobre cualquier monto superior a los 540 mil pesos; este deberá pagarse a través de una transferencia electrónica o un cheque.

La suma total de fondos blanqueados en el mundo podría variar entre 2 por ciento y 5 por ciento del PIB mundial. Por su parte, en México, el monto de lavado de dinero asciende a casi 10 mil millones de dólares al año, estimó La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI)